Los gallegos presentaron el año pasado 1.356 quejas ante el Defensor del Pueblo, un 7,6% más que en 2022, aunque solo fueron el 4% de los 34.056 procedimientos que la institución gestionó en el conjunto del Estado, donde los expedientes crecieron un 11,7%. Así lo revela el informe anual que Ángel Gabilondo entregó ayer a Francina Armengol, la presidenta del Congreso. El documento llama la atención sobre "el número elevado" de protestas recibidas en relación a la gestión del Bono Alquiler Joven por las comunidades de Madrid, Andalucía, Murcia y Galicia, todas gobernadas por el PP. La ayuda de 250 euros al mes con un tope de dos años fue impulsada por el Estado y gestionada a nivel autonómico.
El organismo señala que, consultadas a respecto de la insuficiencia y el retraso en el abono de las subvenciones —que se otorgaban por orden cronológico de presentación de la solicitud siempre que la documentación estuviese conforme y hasta agotar los fondos—, las consejerías aseguraron estar "desbordadas" ante la elevada demanda y carecer de medios. Aquí, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) comunicó que en cuatro meses registró 14.441 peticiones.
El Defensor del Pueblo apunta a "un grave incumplimiento del plazo máximo previsto" para resolver la adjudicación. En el caso gallego, donde el margen era de tres meses, censura que en noviembre de 2023 "aún estaban tramitando las solicitudes presentadas en julio de 2022". En esta tesitura, Gabilondo recalcó a las autonomías su obligación de "resolver y notificar los expedientes con celeridad y eficacia y destinar los medios para lograrlo", además de recordarles que la finalidad del programa era proteger a los jóvenes, un colectivo "con especiales dificultades a la hora de acceder a una vivienda y emanciparse". Dando un paso más, ironiza con que el "poco apoyo" recibido por los solicitantes gallegos quedó reflejado en que, al preguntar por el retraso en la tramitación, la Xunta contestó que pasados los tres meses "sin resolución expresa, se podría "entender desestimada la solicitud por silencio administrativo".
El Defensor del Pueblo también reprendió al Ministerio de Vivienda, al que instó a cambiar la regulación de la convocatoria para exigir de forma individual el cumplimiento de los requisitos económicos a los arrendatarios que compartan piso y que no tengan vínculos entre ellos, esto es, a los que no sean matrimonio, pareja de hecho o familiares de hasta segundo grado. El objetivo es eliminar el diferente tratamiento dispensado a aquellos que tienen un contrato de alquiler de una habitación con respecto a aquellos compañeros que comparten gastos y tienen un único acuerdo de arrendamiento. Los segundos vieron dificultado el acceso al no poder superar los ingresos de todos los convivientes tres veces el Iprem.
El informe del Defensor alude al caso de un ganadero de Palas que vio cortado el suministro de agua cuatro años por las obras de la A-54
SIN AGUA. Entre las numerosas problemáticas a las que alude el estudio como consecuencia de las quejas gestionadas también figura el suministro de agua. Junto a las denuncias por facturaciones excesivas, el comisionado alude al caso de un vecino de Palas afectado por un corte motivado por las obras de la autovía Lugo-Santiago. Los manantiales que eran la fuente "principal" de su vivienda y su cuadra de vacas se vieron interrumpidos hasta que, "tras cuatro años", la Demarcación de Carreteras del Estado "confirmó el restablecimiento" del abastecimiento.
